Mientras el país está concentrado en las campañas por el Sí y por el No del plebiscito, muchos colombianos no se han dado cuenta de que estalló un nuevo escándalo financiero de proporciones gigantescas. En el descalabro están comprometidos al menos 1,5 billones de pesos, de los cuales un alto porcentaje está en grave riesgo de perderse. Se trata de dinero de más de 10.000 inversionistas, la mayoría personas naturales de estratos medio y alto en todo el país.
Hasta ahora, solo se conoce la punta del iceberg de este colapso, pero todo indica que no se trata de una simple quiebra empresarial, sino de un oscuro capítulo que involucraría modalidades delictivas, como captación masiva e ilegal, estafa, fraude, falsedad en documento, concierto para delinquir y hasta posible lavado de activos.
Es difícil de entender cómo estalla un nuevo escándalo financiero en Colombia, cuando el país todavía no se repone de colapsos económicos que ocurrieron en menos de diez años como las pirámides de DMG y DRFE, o los desastres de InterBolsa, el Fondo Premium, Factor Group y Proyectar Valores, solo para citar los más graves y mediáticos.
¿Por qué las autoridades no se dieron cuenta de que se estaba gestando un lío de esta magnitud, que pondría en riesgo más de un billón de pesos? ¿Cómo es posible que las personas nuevamente, seducidas por las jugosas rentabilidades, entreguen su dinero de esa forma? ¿Será que nadie ha aprendido la lección? ¿Dónde están los reguladores y las supervisiones del Estado? Y en este nuevo caso, ¿quiénes son los directamente responsables del engaño y posible fraude? Pero, además, ¿qué está haciendo el gobierno para enfrentar la nueva crisis?
Responder estos interrogantes no es sencillo. Primero hay que decir que en el meollo del nuevo gran escándalo están las libranzas, una figura utilizada desde hace muchos años para otorgar crédito a empleados y pensionados que de esta forma acceden a préstamos más fácilmente que en el mercado tradicional.
En teoría, las libranzas son muy seguras porque el recaudo de las cuotas está garantizado, dado que el deudor autoriza a su empleador a descontarle cada mes, de su sueldo, una suma determinada. Y a su turno, este último se compromete a entregarle el dinero al establecimiento de crédito directamente. Los bancos son los grandes jugadores del crédito de libranza, pero no son los únicos. También cooperativas, fondos de empleados y otras sociedades comerciales pueden ofrecer este tipo de préstamos, que deben otorgar con su propio capital.
Claramente, la libranza como modalidad de crédito no tiene ningún misterio. El asunto se complica cuando los pagarés que respaldan la deuda se negocian en el mercado secundario. Es decir, son vendidos –como si fueran un título valor– a inversionistas que obtienen a cambio rendimientos muy jugosos, por encima de los que ofrecen productos financieros tradicionales.
Participar en toda la cadena de este negocio se volvió muy atractivo, al punto que muchos jugadores nuevos quisieron entrar. De hecho, las libranzas han crecido en forma acelerada a partir de 2012, cuando fue aprobada la Ley 1527 que trató de organizar más esta actividad, pero que de paso permitió la posibilidad de que empresas comerciales también fueran originadoras de crédito, es decir, les amplió el espectro del negocio a estos jugadores extrabancarios. Muchos creen que entonces comenzaron los grandes males.
Según la Superintendencia Financiera, desde 2012 la cartera de este tipo de crédito otorgado por las entidades vigiladas –principalmente bancos– ha ido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7 por ciento, y al cierre del primer trimestre del año ascendía a 36,4 billones de pesos (equivalente al 90 por ciento del crédito de vivienda en el país). Pero en estricto sentido, el negocio en manos de los bancos no ha tenido problemas.
Lo que realmente preocupa es la cartera de libranzas en manos de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, es decir, las extrabancarias, que según se estima asciende a unos 7 billones de pesos. Si se llegara a afectar un negocio de este tamaño las repercusiones serían enormes. Como dice Luis Fernando López Roca, director del Departamento de Derecho Financiero de la Universidad Externado, hoy los “derivados de las libranzas están amenazando con convertirse, por su monto, en una crisis de incalculables dimensiones”
Los líderes del colapso
En efecto, por donde se le mire el escándalo de las libranzas, que tiene a miles de ahorradores sin dormir, es de marca mayor. Los recursos comprometidos son cuatro y cinco veces toda la plata perdida en el Fondo Premium y los inversionistas afectados son más de diez veces los damnificados por InterBolsa.
Es importante aclarar que el monto de 1,5 billones de pesos hasta ahora comprometido solo corresponde a la operación de libranzas manejadas por los intermediarios que enfrentan graves problemas y están en la mira de las autoridades como Elite, Estraval, Vestigroup, Plus Values y Optimal. Pero en el mercado hay más compañías dedicadas a este negocio, por lo que se teme que el dinero en riesgo pueda aumentar, así como el número de clientes.
Las dos primeras compañías de la anterior lista, es decir, Elite y Estraval, son las más grandes y en ellas han aparecido graves anomalías que tienen aterradas a las autoridades. Hace dos semanas, la Superintendencia de Sociedades anunció que Estraval habría incurrido en captación ilegal de recursos del público, por lo que ya dio traslado a la Fiscalía para que determine las respectivas conductas penales que pueden conducir a más de diez años de cárcel. La superintendencia ordenó la liquidación judicial de los bienes de la firma, de cinco sociedades vinculadas y de 22 funcionarios entre directivos, contadores y revisores fiscales de dichas compañías.
Esta firma realizaba operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. Sin embargo, dice la Supersociedades, la investigación mostró que la empresa recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas y, además, que no existía una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente. Para algunos expertos significaría que la empresa cayó en una pirámide captadora.
El abogado José Luis Giraldo, a nombre de un grupo de víctimas de Estraval, presentó denuncia penal ante la Fiscalía por captación masiva y habitual, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.
En Estraval resultaron afectados más de 4.000 clientes que tienen comprometidos más de 500.000 millones de pesos. Hay toda clase de inversionistas, muchos pensionados que llevaron allí sus ahorros, pero también grandes bancos que habían adquirido pagarés-libranzas, desde el estatal Banco Agrario, que invirtió cerca de 14.000 millones de pesos, hasta el Deutsch Bank –la entidad financiera más grande de Alemania– que tiene pagarés por 78.000 millones de pesos (ver recuadro).
En el caso de Elite la situación no es menos grave. La Superintendencia de Sociedades ordenó reorganizar la compañía y decretó el embargo de sus bienes. Esta firma, que ya había sido sometida a control, reconoció hace más de dos meses que tenía dificultades para hacerles el pago mensual a los inversionistas, por lo que decidió posponer por 45 días el giro de los mismos. El problema es que la situación, en lugar de resolverse, se agravó.
La superintendencia no encuentra razonable que la firma usara como excusa para no pagarles a los clientes su relación con las cooperativas originadoras de los créditos. Elite ha tratado de responsabilizarlas por su colapso, alegando que esas entidades solidarias fueron las que fallaron. Incluso, las directivas intentaron que sus clientes les dieran un poder para que el abogado Jaime Lombana demandara a las cooperativas. Para la superintendencia esto es insólito, porque Elite vendió pagarés-libranzas con cláusula de responsabilidad, lo que significa que se obliga solidariamente a responderle al inversionista.
Aunque las autoridades apenas están escudriñando lo sucedido en Elite, SEMANA tuvo acceso al testimonio de algunos clientes que muestra cómo los habrían estafado al entregarles pagarés-libranzas falsos, alterados o sin respaldo (ver recuadro). En estas operaciones no solo habrían engañado a estos inversionistas, sino a los empleados y pensionados que recibían los préstamos.
Hay que señalar que, tanto en Estraval como en Elite, las autoridades han encontrado una relación impropia entre estas firmas y las cooperativas que les generaban los créditos que ellos después negociaban. Por eso no resulta lógico que ahora directivos de estas empresas quieran responsabilizar a las entidades solidarias del fracaso.
Enrique Valderrama, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras (Fecolfin), dice que “estos empresarios no se pueden salir por la tangente diciendo que las cooperativas armaron todo este lío, cuando ellos utilizaron pagarés para captar recursos de inversionistas a tasas más atractivas que las ofrecidas por las entidades dentro del orden social. Aquí se configuró una estafa”.
El cascabel al gato
Esta crisis ha dejado al descubierto nuevamente que el negocio de las libranzas y sus derivados carece de controles efectivos del Estado. Si bien hay una supervisión compartida entre entidades, al final del día este esquema resulta demasiado débil porque las responsabilidades acaban diluidas.
Esta realidad resulta incomprensible dada la magnitud de dinero y ahorro del público que maneja este mercado. Y como siempre, mentes habilidosas y maquiavélicas aprovechan los vacíos de la legislación para montar estructuras que se mueven entre la delgada frontera de lo legal e ilegal y hacerse a grandes ganancias.
En este sentido, cabe anotar que la Superintendencia de Sociedades vigila las compañías del sector real en lo que tiene que ver con el régimen societario. Estas empresas de libranzas están bajo su control, pero a diferencia de la financiera, su vigilancia no es preventiva, lo que limita su alcance para anticipar este tipo de fenómenos.
La Superintendencia de Sociedades ha enfrentado la crisis y ha tomado decisiones con el abanico de opciones que tiene, entre otras para tratar de recuperar activos para los clientes afectados. Pero sus acciones resultan insuficientes para desmantelar organizaciones incursas en conductas penales como estas.
En el caso de la Superintendencia de Economía Solidaria ha quedado demostrado su inoperancia y debilidad para ejercer su función supervisora, como lo ha evidenciado la magnitud de este escándalo. Si bien la regulación y vigilancia es estricta para las cooperativas de ahorro y crédito y para las entidades financieras, no es igual para las llamadas de aporte y crédito, por donde se ha filtrado buena parte de este problema de libranzas. Enrique Valderrama, de Fecolfin, dice que los empresarios de libranzas que han armado este lío se han aprovechado de la figura de las cooperativas de aporte y crédito. De hecho, han impulsado y creado varias de estas para sus fines, como ha quedado demostrado con Estraval.
A muchos no les resulta lógico que la Superintendencia Financiera no aparezca enfrentando esta crisis, como si no tuviera velas en este entierro. La razón es de carácter legal. Los protagonistas del desastre no son instituciones financieras, por lo cual el asunto se escapa de la competencia de esta superintendencia.
Sin embargo, analistas creen que este negocio de la compraventa de libranzas está en el límite de la intermediación financiera y el hecho de que los pagarés-libranzas se hayan convertido en instrumentos de inversión masiva ameritaría una acción de la Superfinanciera. El exsuperintendente Luis Fernando López cree que debe abrirse el debate sobre el enfoque regulatorio y de supervisión para productos financieros, como las libranzas que hoy están libres de regulación.
Ahora bien, el gobierno expidió un decreto que ajusta los controles a todos los que intervienen en la cadena del mercado de las libranzas, y obliga a informar sobre el riesgo de la operación al comprador de títulos respaldados por los créditos. Pero estas medidas son insuficientes. Muchos consideran que se requeriría que una ley fije un régimen especial para esta actividad.
Pero más allá de las disquisiciones legales y de competencias de las superintendencias, lo cierto es que el Estado, nuevamente, fue impotente para anticipar esta nueva bomba financiera que tiene a miles de colombianos en la quiebra. ¿Será que con este nuevo escándalo ahora sí va a tomar medidas de verdad para evitar otro descalabro financiero en el futuro? Por lo pronto, la Fiscalía tiene la palabra para investigar y acusar a los responsables de los delitos cometidos. Y habrá que ver la responsabilidad política de los funcionarios del gobierno encargados de la supervisión, sobre todo de la Superintendencia de Economía Solidaria.
