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Interbolsa: los millonarios bienes que siguen escondidos

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Interbolsa: los millonarios bienes que siguen escondidos Foto: Archivo particular
Jorge Arabia, quien fue durante años la mano derecha del presidente de la comisionista, reveló un listado de apartamentos en Miami, cuentas en Bahamas, yates y fincas que no habrían sido reportados a la justicia.
Jorge Arabia Watemberg fue durante varios años la mano derecha de Rodrigo Jaramillo Correa, presidente del Grupo Interbolsa. Entró a la organización en el 2004 como vicepresidente administrativo y pronto pasó a ser el vicepresidente financiero.
Aunque no manejó clientes o corredores de bolsa, ni tampoco tuvo un vínculo directo con las áreas de operaciones y de riesgos, fue un testigo privilegiado de todos los movimientos que ocurrían al interior de Interbolsa. Por eso, su testimonio y sus pruebas fueron tan valiosos para las investigaciones de la Fiscalía para conocer en realidad qué pasó y qué destino tomaron muchos de los dineros invertidos en este grupo financiero.
Precisamente durante las diligencias judiciales, Arabia Watemberg reportó cuáles eran los bienes de los cerebros del millonario desfalco. Pero hoy, según los abogados de las víctimas del caso, ellos no tienen información de lo que ha pasado con dichas propiedades.
Por eso, solicitaron a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía que se les informe sobre lo que ha pasado con estos y qué medidas se han tomado en relación con los bienes que mencionó el empresario.
Las víctimas alegan que esta información es de vital importancia para que sean reparadas.
Así, según lo reveló La W Radio, estos serían los bienes que fueron reportados por Arabia Watemberg y por los que piden explicaciones al ente acusador.
1. Tomás Jaramillo
El empresario fue condenado en abril de este año por los delitos de manipulación fraudulenta de especie, estafa agravada y concierto para delinquir.
Bienes: Cinco apartamentos, uno de ellos ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, otro en Bogotá y tres en Miami. Una finca en Tabio, Cundinamarca, en conjunto con Juan Carlos Ortiz. Participación lote Cabo Tortuga en Santa Marta. Participación en finca Palmeras, en Jericó, Antioquia. Un yate Gaira Sunseeker 52, localizado en la bahía de Santa Marta. Una camioneta Vehículo Toyota Landcruiser. Participación empresa Sesser Corporation. Y una cuenta en EFG Bank Bahamas.
2. Juan Carlos Ortiz
Ortiz fue condenado por los delitos de manipulación fraudulenta de especie, estafa agravada y concierto para delinquir.
Bienes: Una casa en Bogotá. Dos fincas, una en Tabio (Cundinamarca) y la otra en Meta. Una camioneta Landcruiser Sahara. Un edificio en Bogotá. Un apartamento en Key Biscayne, otro en Boca Ratón, Florida, y tres en Torre Icon en Miami. Participación lote Cabo Tortuga, Santa Marta. Participación empresa Sesser Corporation. Posibles cuentas bancarias en EFG Bank Bahamas, Occidental Bank Barbados y Banco Colpatria Cayman.
3. Alessandro Corridori
Es procesado por manipulación irregular de las acciones de fabricato y por el desvío de millonarios recursos de los inversionistas al Fondo Premium. La Fiscalía lo acusó por los delitos de concierto para delinquir, manipulación de especies y administración desleal.
Bienes: Una cuenta en el Banco EFG Bahamas. Un Porsche Cayenne, localizado en Miami. Un apartamento en Estados Unidos. Siete inversiones de propiedad raíz en Florida (EE. UU.) que, supuestamente, realizó retirando recursos de Interbolsa. Una Toyota Prado blindada. Dos motos de alto cilindraje en Bogotá. Un apartamento en Bogotá. Acciones en Fabricato, hasta el último registro aparecía con 108.389.912 millones de acciones. Y participación en Metropolitan Fund, en Curacao.
4. Rodrigo Jaramillo
El expresidente de Interbolsa fue condenado a siete años de prisión por los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal. Actualmente se enfrenta a un juicio por los cargos de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.
Bienes: Un apartamento en El Poblado, en Medellín, y otro en Estados Unidos. Finca Palmeras en Jericó, Antioquia. Y una cuenta en EFG Bank en Las Bahamas.
5. Víctor Maldonado
El empresario es procesado por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de dinero y concierto para delinquir.
Bienes: Un apartamento y un penthouse en Miami, Florida. Y una finca en Tenjo (Cundinamarca).
6. Rachid Maluf
El exdirectivo del fondo de inversiones Interbolsa fue acusado por la Fiscalía por los delitos de captación, omisión de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación de acciones y manipulación desleal.
Bienes: Un velero Beneteau 411 Princess Ivory, ubicado en Marina Manga, Cartagena.

Las escalofriantes cifras con que el fiscal esbozó la corrupción

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dejó a más de uno frío con su intervención en el Foro de Anif, aunque los titulares mencionaron reiteradamente su propuesta de extraditar a los corruptos, poco se ha dicho de los hallazgos que lo han llevado a considerar esa idea. El fiscal habló de una serie de “venas rotas” en el Estado donde la corrupción campea, y señaló tres sectores en concreto: salud, macroproyectos y la tributación tramposa.
* En el sector de la salud mencionó el caso del Sisbén colmado de falsos beneficiarios: de 48 millones de habitantes, hay 37,2 millones de inscritos en este sistema de subsidios que deberían ser sólo para los colombianos más pobres. Señaló una serie de hospitales públicos (Cúcuta, Tuluá, Arauca) y casos como Saludcoop, Cafesalud, Coomeva y Caprecom, que en conjunto suman un desfalco cercano a 50.500 millones de pesos, sin incluir ahí los multimillonarios recobros al sistema Fosyga.
* En el área de la corrupción a través de macroproyectos, dijo que el rey “sin duda, es Reficar” y que vendrán decisiones este mismo semestre por cuenta de sobrecostos de más de 4.000 millones de dólares. Señaló además una red de corrupción en proyectos regionales que operan como consorcios y uniones temporales y que podrían juntar más de ocho billones de pesos esfumados.
* En cuanto a lo que llamó “corrupción privada” por evasión tributaria ante la Dian, dijo que la Fiscalía está detrás de los centenares de registros de colombianos que han aparecido en escándalos internacionales como los ‘Panama Papers’ por poner bienes y recursos en paraísos fiscales pasando de agache frente a la tributación nacional. Aunque acá no hubo cifras concretas, explicó que ha firmado convenios con autoridades extranjeras y que no habrá refugio para los corruptos ni aun fuera del país. Y remató su intervención con esta promesa: “¡La lucha contra la corrupción es internacional y va en serio! No vamos a desfallecer en este empeño… al menos hasta que volvamos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal”.

Bahamas Leak: los colombianos con cuentas en ese paraíso fiscal

23:08
Al menos un centenar de colombianos aparecen en las nuevas revelaciones internacionales de los paraisos fiscales. Esta vez el turno es para Bahamas que como destino offshore, entre otros movimientos financieros, ha sido útil para administrar propiedades sin que figuren sus verdaderos propietarios.
Por: Alianza informativa con El Espectador / CONNECTAS


Carlos Caballero Argáez (Foto: Federico Ríos), Enrique Vargas Lleras (Foto: Humberto Pinto) y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Foto: M. Esquivel).
Vuelve a agitarse la discusión sobre cómo los poderosos emplean paraísos fiscales para saltarse el pago de impuestos en sus países.Bahamas Leak es el capítulo más reciente de una serie de revelaciones periodísticas lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ por su sigla en inglés) con información del diario alemán Süddeustche Zeitung, como sucedió en Panama Papers, y CONNECTAS que hace parte del equipo que revisó esta nueva base de datos con una treintena de medios más.
Al menos un centenar de colombianos distintos a los que aparecen en revelaciones anteriores, están mencionados en los 1.3 millones de documentos filtrados. Entre ellos empresarios relacionados con firmas de amplia trayectoria en sectores como el transporte, el turísmo, las finanzas y la construcción, entre otros. También expone una suerte de “especialización” de Bahamas en crear sociedades que en esencia sirven para ocultar los verdaderos propietarios de bienes ubicados principalmente en Estados Unidos.
Esta publicación en ningún caso señala ilegalidad alguna pues, en sí mismas las actividades offshore no lo son, excepto si los recursos son de origen ilícito. Solo se constituyen en irregularidad tributaria si así lo determinan las autoridades de cada país bajo su propia legislación. En las publicaciones, CONNECTAS se centra en personas que han tenido responsabilidades públicas, o que desde sus actividades privadas han logrado alta cercanía con líderes públicos.
Es el caso del exministro de Minas y ex codirector del Banco de la República Carlos Caballero Argáez. Un reconocido ingeniero y académico. Según Bahamas Leak, a finales de los años 90, Argáez compró una propiedad en la exclusiva zona residencial de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade.
La inversión tomó sin embargo un camino indirecto. Se hizo a través de PAVC Properties Inc., una empresa registrada en las Bahamas. Según Argáez este movimiento se hizo por razones tributarias. Los detalles de su respuesta, de quienes fueron sus socios en la transacción y de las razones de otra compañía en este paraiso fiscal en la que él también figura se pueden consultar acá.
En 2008, Caballero Argáez entregó la presidencia de PAVC Properties Inc. a Enrique Vargas Lleras, quien fue concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá, actualmente es gerente del comité por el Sí al plebiscito del partido Cambio Radical.
Otro connotado empresario que figura en estas revelaciones es el Ingeniero Civil Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Corficolombiana y del Grupo Aval, el principal grupo financiero de Colombia, y uno de los hombres más ricos del país. Sarmiento Gutiérrez aparece en el registro de Bahamas como el único director de Beach Cliff Properties ltd., una compañía registrada el 13 de enero de 2010.
Tanto a Vargas Lleras como a Sarmiento Gutiérrez se les hicieron llegar cuestionarios para consultar sobre su rol en estas sociedades y sus actividades y el reporte a las autoirdades tributarias de las mismas, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.
En las revelaciones de Bahamas Leaks también afloraron colombianos con causas penales en curso relacionadas con dichas operaciones en el exterior. Es el caso de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortíz, asociados a la firma Premium Capital Investments Advisors Ltd. Esta sociedad que según los registros de prensa originalmente fue constituida en Delaware en Estados Unidos y luego se transformó en una corporación en Bahamas, es una de las piezas claves en el escándalo financiero de Interbolsa por el cual Jaramillo y Ortiz están presos.
El acuerdo más esperado
Durante casi un siglo, Bahamas ha estado en el radar de las autoridades fiscales de todo el mundo. Ha sido tanto su nivel de secretismo que en una época se vendía a sí misma como “la Suiza de occidente”. Algo similar le ha sucedido en época reciente con Panamá, país con el cual aún Colombia no ha podido cerrar un acuerdo de intercambio de información tributaria, pese a los anuncios de ambos gobiernos que daban este convenio como un hecho en abril, gracias a la presión ejercida por la comunidad internacional luego del escándalo de Panama Papers.
Mauricio Cárdenas y Dulcidio La Guardia tomada de la cuenta Twitter de Mauricio Cárdenas el 29 de abril de 2016.
Del acuerdo, sólo quedó la foto del estrechón de manos del Ministro de Hacienda colombiano Mauricio Cárdenas, y de su homólogo en Panamá Dulcidio de la Guardia. Según se revela en esta otra nota periodísticaluego de los protocolos, el ambiente se volvió a caldear incluso con expresiones fuera de tono de negociadores claves del lado Panamá en la que decían que no iban a ceder al “imperialismo colombiano”.
 Aún así las nuevas negociaciones transcurrieron pero se estancaron en un punto que es el que permite la mayor parte de las actividades secretas de los colombianos en este país, y que es uno de los principales ingresos de las poderosas firmas de abogados del Istmo.
Con la posibilidad congelada de un acuerdo binacional, la expectativa de Colombia es que el Istmo se acoja a tratados multilaterales y por esa vía se obtenga lo que no se logró en la negociación directa. Mientras tanto las autoridades locales avanzan en sofisticados cruces de información a la que se suma esta nueva lista con las que continuan la labor que ya les ha permitido identificar cientos de millones de dólares que estaban ocultos, y que de normalizarse masivamente, podrían significar un ajuste importante en la Reforma Tributaria que se avecina, liberando las cargas para aquellos que no han tenido oculta su riqueza en jurisdiccionesoffshore

Estraval y Elite: La nueva gran estafa

1:54


El billonario desfalco financiero de Estraval y Elite que llega a 1,5 billones de pesos
 César Mondragón, uno de los dueños de Estraval, pensaba que el Deutsche Bank, como inversionista, podría salvarlos de la crisis, pero el negocio se dañó. Alejandro Navas, presidente de Elite, responsabiliza a las cooperativas aduciendo que estas incumplieron los pagos.
Después de los escándalos de InterBolsa estalla un millonario desfalco financiero que tendría comprometidos 1,5 billones de pesos. ¿Cómo se llegó a este nuevo desastre?

Mientras el país está concentrado en las campañas por el Sí y por el No del plebiscito, muchos colombianos no se han dado cuenta de que estalló un nuevo escándalo financiero de proporciones gigantescas. En el descalabro están comprometidos al menos 1,5 billones de pesos, de los cuales un alto porcentaje está en grave riesgo de perderse. Se trata de dinero de más de 10.000 inversionistas, la mayoría personas naturales de estratos medio y alto en todo el país.
Hasta ahora, solo se conoce la punta del iceberg de este colapso, pero todo indica que no se trata de una simple quiebra empresarial, sino de un oscuro capítulo que involucraría modalidades delictivas, como captación masiva e ilegal, estafa, fraude, falsedad en documento, concierto para delinquir y hasta posible lavado de activos.
Es difícil de entender cómo estalla un nuevo escándalo financiero en Colombia, cuando el país todavía no se repone de colapsos económicos que ocurrieron en menos de diez años como las pirámides de DMG y DRFE, o los desastres de InterBolsa, el Fondo Premium, Factor Group y Proyectar Valores, solo para citar los más graves y mediáticos.
¿Por qué las autoridades no se dieron cuenta de que se estaba gestando un lío de esta magnitud, que pondría en riesgo más de un billón de pesos? ¿Cómo es posible que las personas nuevamente, seducidas por las jugosas rentabilidades, entreguen su dinero de esa forma? ¿Será que nadie ha aprendido la lección? ¿Dónde están los reguladores y las supervisiones del Estado? Y en este nuevo caso, ¿quiénes son los directamente responsables del engaño y posible fraude? Pero, además, ¿qué está haciendo el gobierno para enfrentar la nueva crisis?
Responder estos interrogantes no es sencillo. Primero hay que decir que en el meollo del nuevo gran escándalo están las libranzas, una figura utilizada desde hace muchos años para otorgar crédito a empleados y pensionados que de esta forma acceden a préstamos más fácilmente que en el mercado tradicional.
En teoría, las libranzas son muy seguras porque el recaudo de las cuotas está garantizado, dado que el deudor autoriza a su empleador a descontarle cada mes, de su sueldo, una suma determinada. Y a su turno, este último se compromete a entregarle el dinero al establecimiento de crédito directamente. Los bancos son los grandes jugadores del crédito de libranza, pero no son los únicos. También cooperativas, fondos de empleados y otras sociedades comerciales pueden ofrecer este tipo de préstamos, que deben otorgar con su propio capital.
Claramente, la libranza como modalidad de crédito no tiene ningún misterio. El asunto se complica cuando los pagarés que respaldan la deuda se negocian en el mercado secundario. Es decir, son vendidos –como si fueran un título valor– a inversionistas que obtienen a cambio rendimientos muy jugosos, por encima de los que ofrecen productos financieros tradicionales.
Participar en toda la cadena de este negocio se volvió muy atractivo, al punto que muchos jugadores nuevos quisieron entrar. De hecho, las libranzas han crecido en forma acelerada a partir de 2012, cuando fue aprobada la Ley 1527 que trató de organizar más esta actividad, pero que de paso permitió la posibilidad de que empresas comerciales también fueran originadoras de crédito, es decir, les amplió el espectro del negocio a estos jugadores extrabancarios. Muchos creen que entonces comenzaron los grandes males.
Según la Superintendencia Financiera, desde 2012 la cartera de este tipo de crédito otorgado por las entidades vigiladas –principalmente bancos– ha ido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7 por ciento, y al cierre del primer trimestre del año ascendía a 36,4 billones de pesos (equivalente al 90 por ciento del crédito de vivienda en el país). Pero en estricto sentido, el negocio en manos de los bancos no ha tenido problemas.
Lo que realmente preocupa es la cartera de libranzas en manos de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, es decir, las extrabancarias, que según se estima asciende a unos 7 billones de pesos. Si se llegara a afectar un negocio de este tamaño las repercusiones serían enormes. Como dice Luis Fernando López Roca, director del Departamento de Derecho Financiero de la Universidad Externado, hoy los “derivados de las libranzas están amenazando con convertirse, por su monto, en una crisis de incalculables dimensiones”
Los líderes del colapso
En efecto, por donde se le mire el escándalo de las libranzas, que tiene a miles de ahorradores sin dormir, es de marca mayor. Los recursos comprometidos son cuatro y cinco veces toda la plata perdida en el Fondo Premium y los inversionistas afectados son más de diez veces los damnificados por InterBolsa.
Es importante aclarar que el monto de 1,5 billones de pesos hasta ahora comprometido solo corresponde a la operación de libranzas manejadas por los intermediarios que enfrentan graves problemas y están en la mira de las autoridades como Elite, Estraval, Vestigroup, Plus Values y Optimal. Pero en el mercado hay más compañías dedicadas a este negocio, por lo que se teme que el dinero en riesgo pueda aumentar, así como el número de clientes.
Las dos primeras compañías de la anterior lista, es decir, Elite y Estraval, son las más grandes y en ellas han aparecido graves anomalías que tienen aterradas a las autoridades. Hace dos semanas, la Superintendencia de Sociedades anunció que Estraval habría incurrido en captación ilegal de recursos del público, por lo que ya dio traslado a la Fiscalía para que determine las respectivas conductas penales que pueden conducir a más de diez años de cárcel. La superintendencia ordenó la liquidación judicial de los bienes de la firma, de cinco sociedades vinculadas y de 22 funcionarios entre directivos, contadores y revisores fiscales de dichas compañías.
Esta firma realizaba operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. Sin embargo, dice la Supersociedades, la investigación mostró que la empresa recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas y, además, que no existía una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente. Para algunos expertos significaría que la empresa cayó en una pirámide captadora.
El abogado José Luis Giraldo, a nombre de un grupo de víctimas de Estraval, presentó denuncia penal ante la Fiscalía por captación masiva y habitual, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.
En Estraval resultaron afectados más de 4.000 clientes que tienen comprometidos más de 500.000 millones de pesos. Hay toda clase de inversionistas, muchos pensionados que llevaron allí sus ahorros, pero también grandes bancos que habían adquirido pagarés-libranzas, desde el estatal Banco Agrario, que invirtió cerca de 14.000 millones de pesos, hasta el Deutsch Bank –la entidad financiera más grande de Alemania– que tiene pagarés por 78.000 millones de pesos (ver recuadro).
En el caso de Elite la situación no es menos grave. La Superintendencia de Sociedades ordenó reorganizar la compañía y decretó el embargo de sus bienes. Esta firma, que ya había sido sometida a control, reconoció hace más de dos meses que tenía dificultades para hacerles el pago mensual a los inversionistas, por lo que decidió posponer por 45 días el giro de los mismos. El problema es que la situación, en lugar de resolverse, se agravó.
La superintendencia no encuentra razonable que la firma usara como excusa para no pagarles a los clientes su relación con las cooperativas originadoras de los créditos. Elite ha tratado de responsabilizarlas por su colapso, alegando que esas entidades solidarias fueron las que fallaron. Incluso, las directivas intentaron que sus clientes les dieran un poder para que el abogado Jaime Lombana demandara a las cooperativas. Para la superintendencia esto es insólito, porque Elite vendió pagarés-libranzas con cláusula de responsabilidad, lo que significa que se obliga solidariamente a responderle al inversionista.
Aunque las autoridades apenas están escudriñando lo sucedido en Elite, SEMANA tuvo acceso al testimonio de algunos clientes que muestra cómo los habrían estafado al entregarles pagarés-libranzas falsos, alterados o sin respaldo (ver recuadro). En estas operaciones no solo habrían engañado a estos inversionistas, sino a los empleados y pensionados que recibían los préstamos.
Hay que señalar que, tanto en Estraval como en Elite, las autoridades han encontrado una relación impropia entre estas firmas y las cooperativas que les generaban los créditos que ellos después negociaban. Por eso no resulta lógico que ahora directivos de estas empresas quieran responsabilizar a las entidades solidarias del fracaso.
Enrique Valderrama, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras (Fecolfin), dice que “estos empresarios no se pueden salir por la tangente diciendo que las cooperativas armaron todo este lío, cuando ellos utilizaron pagarés para captar recursos de inversionistas a tasas más atractivas que las ofrecidas por las entidades dentro del orden social. Aquí se configuró una estafa”.
El cascabel al gato
Esta crisis ha dejado al descubierto nuevamente que el negocio de las libranzas y sus derivados carece de controles efectivos del Estado. Si bien hay una supervisión compartida entre entidades, al final del día este esquema resulta demasiado débil porque las responsabilidades acaban diluidas.
Esta realidad resulta incomprensible dada la magnitud de dinero y ahorro del público que maneja este mercado. Y como siempre, mentes habilidosas y maquiavélicas aprovechan los vacíos de la legislación para montar estructuras que se mueven entre la delgada frontera de lo legal e ilegal y hacerse a grandes ganancias.
En este sentido, cabe anotar que la Superintendencia de Sociedades vigila las compañías del sector real en lo que tiene que ver con el régimen societario. Estas empresas de libranzas están bajo su control, pero a diferencia de la financiera, su vigilancia no es preventiva, lo que limita su alcance para anticipar este tipo de fenómenos.
La Superintendencia de Sociedades ha enfrentado la crisis y ha tomado decisiones con el abanico de opciones que tiene, entre otras para tratar de recuperar activos para los clientes afectados. Pero sus acciones resultan insuficientes para desmantelar organizaciones incursas en conductas penales como estas.
En el caso de la Superintendencia de Economía Solidaria ha quedado demostrado su inoperancia y debilidad para ejercer su función supervisora, como lo ha evidenciado la magnitud de este escándalo. Si bien la regulación y vigilancia es estricta para las cooperativas de ahorro y crédito y para las entidades financieras, no es igual para las llamadas de aporte y crédito, por donde se ha filtrado buena parte de este problema de libranzas. Enrique Valderrama, de Fecolfin, dice que los empresarios de libranzas que han armado este lío se han aprovechado de la figura de las cooperativas de aporte y crédito. De hecho, han impulsado y creado varias de estas para sus fines, como ha quedado demostrado con Estraval.
A muchos no les resulta lógico que la Superintendencia Financiera no aparezca enfrentando esta crisis, como si no tuviera velas en este entierro. La razón es de carácter legal. Los protagonistas del desastre no son instituciones financieras, por lo cual el asunto se escapa de la competencia de esta superintendencia.
Sin embargo, analistas creen que este negocio de la compraventa de libranzas está en el límite de la intermediación financiera y el hecho de que los pagarés-libranzas se hayan convertido en instrumentos de inversión masiva ameritaría una acción de la Superfinanciera. El exsuperintendente Luis Fernando López cree que debe abrirse el debate sobre el enfoque regulatorio y de supervisión para productos financieros, como las libranzas que hoy están libres de regulación.
Ahora bien, el gobierno expidió un decreto que ajusta los controles a todos los que intervienen en la cadena del mercado de las libranzas, y obliga a informar sobre el riesgo de la operación al comprador de títulos respaldados por los créditos. Pero estas medidas son insuficientes. Muchos consideran que se requeriría que una ley fije un régimen especial para esta actividad.
Pero más allá de las disquisiciones legales y de competencias de las superintendencias, lo cierto es que el Estado, nuevamente, fue impotente para anticipar esta nueva bomba financiera que tiene a miles de colombianos en la quiebra. ¿Será que con este nuevo escándalo ahora sí va a tomar medidas de verdad para evitar otro descalabro financiero en el futuro? Por lo pronto, la Fiscalía tiene la palabra para investigar y acusar a los responsables de los delitos cometidos. Y habrá que ver la responsabilidad política de los funcionarios del gobierno encargados de la supervisión, sobre todo de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Los 'pecados' del negocio de la alimentacion en cárceles de Colombia

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Sobrecostos, cocinas con ratas y millonarios incumplimientos, aparecen en informe de la Contraloría.

EL TIEMPO.

Por:  JUSTICIA |  
Mientras los ojos del país y de las autoridades han estado puestos en el último año sobre la alimentación escolar, el negocio de la alimentación de los presos –que le cuesta mucho más al erario y del que dependen 121.196 personas– está hoy bajo la lupa de los órganos de control.
Cada año, el Estado paga más de 316.507 millones de pesos a proveedores de todo el país. Algunos de los más poderosos, dice una auditoría de la Contraloría General, ganan una y otra vez las millonarias licitaciones, sin que la calidad del servicio parezca ser un elemento determinante.

Sobrecostos, alimentos preparados sin asepsia, porciones de comida cuyo gramaje no corresponde a lo contratado, cocinas con ratas, comidas frías o que se entregan con retrasos de horas y contratistas que no cumplen los requisitos aparecen en el informe de la Contraloría.
Ocho empresas cuestionadas por esas prácticas mantienen hoy contratos con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por más de 150.000 millones de pesos.
Uno de los ‘zares’ de la alimentación en cárceles es Servialimentar, que desde hace más de cinco años está en el negocio. El año pasado esta firma obtuvo un contrato por 21.928 millones de pesos (el n.° 340 del 2015) para alimentar a los presos de las cárceles de Cómbita y El Barne, en Boyacá. Una comisión de la Contraloría encontró allí un preocupante panorama.
En las cocinas de Barne, por ejemplo, se detectaron “roedores, material inservible, pasto, agua para consumo sucia, plagas, pisos en total deterioro y estufas llenas de grasa”. Eso sin contar las moscas que pululaban, según el informe, en los carros que transportan las comidas.
La mala calidad de los alimentos era tal que en marzo pasado hubo una intoxicación masiva que llevó a que la Secretaría de Salud del departamento cerrara la cocina del penal “porque no cumple con normas sanitarias”. La comida de casi 3.000 internos la preparan en la de Cómbita, lo que ha retrasado la entrega de desayunos y comidas, generando protestas de los reclusos.
Sobre esta última cárcel también hay reparos. La Contraloría cuestiona por qué a pesar de que las raciones son idénticas a las que se envían a El Barne, y además se quedan en el lugar de la preparación, las raciones son más costosas.
Otro de los contratistas cuestionados es el Consorcio Catalimentos, que en diciembre del año pasado suscribió con la Uspec un contrato por 10.880 millones de pesos. En las colinas agrícolas de Acacías (Meta), la Contraloría visitó cuatro zonas de alimentación y observó que “el contratista está incumpliendo con el contrato por cuanto no ha realizado los laboratorios microbiológicos de superficie, medioambiente, de jugos y ensaladas”.
Tampoco ha hecho las adecuaciones necesarias para cumplir con las normas sanitarias, pues “los sitios de distribución de alimentos, patios donde se lava el menaje y se alistan los insumos para la cocción están completamente deteriorados”. Ese incumplimiento, dice la Contraloría, “genera riesgo para la salud de los internos”.
El año pasado la Uspec realizó tres contratos que suman 24.360 millones de pesos con Estrada Navarro S.A.S. con el fin de suministrar alimentos en cárceles del Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre. Según la Contraloría, en el proceso de elección, para demostrar su experiencia, la firma dio una copia de un contrato suscrito en el 2014 con el Hospital Militar, sin mencionar que esta institución lo estaba investigando por incumplimientos.
A esto se suma que la Contraloría visitó a los presos de Valledupar el 21 de abril del 2016 y encontró “falta de aseo y desinfección, malos olores, cucarachas y grasa en la cocina”, lo que a su vez está afectando los ranchos para preparar alimentos que fueron remodelados hace un año.
Y la organización Empresarial NRC, que el año pasado consiguió un contrato por 17.332 millones para servir alimentos a presos de Cali, cocina, según la Contraloría, “en una antigua bodega cuyos pisos son en concreto y presenta desgaste y hundimientos que no permiten un adecuado aseo del lugar”, dice el informe.
Líos desde la firma de contratos
En el 2014 la Unión Temporal Compromiso Social ganó dos contratos (uno por 9.742 millones, y otro por 12.985 millones), para suministrar alimentos en 18 municipios. A pesar de que se encontró que en el proceso entregó una certificación falsa, la Uspec “procedió a la adjudicación y omitió hacer el respectivo análisis, motivo por el cual este hallazgo tiene presunta connotación penal y disciplinaria por violación a los principios de selección objetiva”, dice la Contraloría.
Ese mismo año la Unión Temporal Alianza QTC suscribió con la Unidad un contrato por 5.984 millones de pesos para prestar servicios en Atlántico y San Andrés Islas. En el 2012 uno de los integrantes de esa unión (la Corporación Sol Naciente) había sido multada e inhabilitada tres años por incumplir un contrato de 280 millones.
Y Consorcios GAP, uno de los contratistas que con la Unidad tiene negocios por más de 100.000 millones de pesos por diferentes servicios, sigue ganando licitaciones para entregar alimentos, aún cuando se ha encontrado que ha incumplido en otros contratos como los de adecuaciones de plantas de tratamiento de aguas de las cárceles, negocios en los que ha tenido adiciones y prórrogas.

Más de $ 113.000 millones de regalías, enterrados en elefantes blancos

3:48

Según la Contraloría, el dinero se destina a obras inútiles y no a suplir necesidades de regiones.

Por:  MARTHA MORALES MANCHEGO |
La famosa piscina de olas que se construyó en Casanare, en una zona en la que ni siquiera había agua para llenarla, se convirtió en símbolo de las obras conocidas como ‘elefantes blancos’, especie que se iba a extinguir del mundo de las regalías tras la reforma al sistema en el 2011, pero en realidad está más viva que nunca.
La existencia de elefantes blancos, con los que se malgastan grandes sumas que deberían financiar tantas prioridades en las regiones más necesitadas, es una situación aún más dramática si se tiene en cuenta que, a partir de ahora, las regalías serán más escasas, porque el bajo precio del crudo y la reducción en la producción minero-petrolera devastaron ese ingreso (llegó a ser de $ 9 billones por año y ahora lo proyectan en $ 4 billones).

La Contraloría General, luego de una pesquisa al uso de las regalías en el 2015 y el primer semestre del 2016, halló 39 de estos ‘paquidermos’, ubicados en 16 departamentos del país.
Tras los hallazgos, el contralor general, Edgardo Maya, alertó: “Los recursos de regalías son para hacer grandes proyectos de desarrollo en educación, salud pública, vivienda, agua y saneamiento básico. Y se están destinando a estadios de fútbol o vías que a veces son innecesarias, es decir, en elefantes blancos, en temas suntuarios, que no están beneficiando a la población más pobre y vulnerable”.
El monto involucrado en obras que no sirven o que quedaron a medio camino no es para nada despreciable. Se trata de 113.465 millones de pesos en proyectos aprobados bajo el nuevo régimen, con el que se planteó hacer un control estricto para garantizar el buen uso de los dineros.
En consecuencia, se establecieron los Ocad (órganos de administración y decisión) para que no se repitieran historias de piscinas con olas, sin agua.
Los Ocad, originalmente, deben ser verdaderos ‘coladores’ de proyectos inservibles. Sin embargo, en los dos últimos años, durante los cuales la Contraloría puso el ojo, volvieron a surgir inversiones que constituyen un despilfarro de los recursos públicos.
Algunas perlas
Casanare
Este es uno de los departamentos que más recursos recibe por regalías. Solo en el 2015, su recaudo total fue de 265.000 millones de pesos; sin embargo, en ese año, de sus 356.479 habitantes, 36 por ciento vivía sin ni siquiera poder satisfacer sus necesidades básicas.
En esa zona, la Contraloría describe cinco elefantes blancos, pero se destaca el del acueducto de Tauramena, que demandó recursos por 17.248 millones de pesos y la obra hoy está en total abandono y deterioro.
Y ni qué decir del que iba a ser un megacolegio en el municipio de Paz de Ariporo, que se llevó 6.660 millones de las regalías y reposa solitario en mitad de los matorrales, sin acceso a servicios públicos, abandonado desde diciembre del 2013.
Pobres y ricos por igual
El riesgo de corrupción con las regalías, según la Contraloría, se da tanto en municipios con capacidad institucional como en los más débiles y pobres.
Chocó
Y si el despilfarro en Casanare duele, en el Chocó espanta. En el 2015, según el Dane, en este departamento se incrementó la pobreza por ingresos, de 63,1 a 65,9 por ciento. Mientras tanto, se perdieron 9.942 millones de pesos en un proyecto de instalaciones deportivas para los XX Juegos Nacionales del 2015. Con la plata se compró un lote en la capital, Quibdó, y hasta se contrataron los diseños. Al final, no se construyó nada porque no había posibilidad de llevar los servicios públicos al lote.
Meta
La plata que desperdició este departamento, otro de los que reciben generosas regalías, supera los 16.000 millones de pesos en total. Se destacan los recursos por 6.842 millones de pesos que en el municipio de Granada que iban a arrancar sonrisas de familias beneficiadas con la adjudicación de una vivienda de interés social prioritario. Hasta el sol de hoy, y desde hace varios años, las casas no aparecen. La obra está abandonada y deteriorada.
Otro caso aberrante es del municipio de Mapiripán, víctima de la violencia. En total, 1.337 millones de pesos se destinaron para un internado.
La obra fue ejecutada y hasta recibió el visto bueno de la administración municipal en septiembre del 2011. No obstante, la Contraloría halló que “las seis aulas, la unidad administrativa (rectoría y secretaría) y las unidades sanitarias construidas no se utilizan”, por la inseguridad que genera meter estudiantes en instalaciones que presentan deficiencias en calidad y funcionamiento.
La Guajira
Un departamento rico también en regalías, que tiene 12.572 millones de pesos en elefantes blancos.
El más visible es el del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, del municipio de Riohacha. 10.859 millones de pesos de regalías se pusieron en esta obra y, según la Contraloría, “no existen permisos ambientales ni títulos que acrediten la propiedad pública de los predios en donde se construyeron plantas de tratamiento y obras conexas”. Peor aún, “la muestra analizada por el laboratorio departamental de salud pública de La Guajira permite concluir que el agua entregada no es apta para el consumo humano”.
Cesar
Este departamento, gran receptor de regalías, tiene 5.923 millones de pesos embolatados tras la construcción del alcantarillado en el municipio de Chiriguaná. La obra es inoperante y se está deteriorando.
Valle
Invirtió 1.588 millones de pesos en el cerramiento perimetral del aeropuerto internacional Santa Ana, en Cartago. El terminal ni es internacional ni está prestando servicio al público con vuelos comerciales de carga o de pasajeros.
“En la actualidad solo es utilizado por las empresas privadas de aprendizaje y de fumigación (servicio no autorizado en este aeropuerto por la Aeronáutica Civil)”, estableció la Contraloría.
Córdoba
La menor cuantía, 372 millones de pesos, que se destinó en San Pelayo para hacer un laboratorio en la institución educativa Morrocoy no reduce la culpa en el despilfarro de los recursos públicos.
El laboratorio, propuesto para que los estudiantes aprendieran a hacer experimentos con la química y la física, fue convertido en bodega de alimentos, materiales escolares y demás utensilios.
De cuando en cuando, se le da un mejor uso que al de cuarto de arrumes: se habilita como sala de profesores y oficina de dirección.
Sucre
Varios elefantes blancos se pasean por el mapa de las regalías de Sucre. Se destacan los 284 millones de pesos que destinó la Gobernación para construir 12 torres salvavidas y siete puntos de información turística en Tolú y San Onofre. Hoy, las obras permanecen solitarias, sin rescatistas ni rescatados.
Colegios abandonados, hospitales que se quedaron en el sueño de los ciudadanos y viviendas que no llegaron a albergar a nadie forman parte del paquete encontrado por la Contraloría, que muestra que las regalías siguen montadas en elefantes blancos.
‘La ejecución es algo que compete a las regiones’
Manuel Fernando Castro, subdirector de Planeación, dependencia que se encarga del tema de regalías a nivel nacional, tras destacar que, desde el 2012, cuando se implementó el nuevo sistema de regalías, se han aprobado 10.024 proyectos por un monto de 30 billones de pesos, de los cuales 21 billones son recursos de regalías, expone su percepción sobre los elefantes blancos.
Planeación, que tiene parte de la tarea de seguimiento y control a las regalías, ¿tiene en el radar estos hallazgos?
El informe de la Contraloría se hizo con base en información de Planeación.
¿Por qué siguen los malos usos si existen los Ocad?
Los Ocad son un triángulo en el que el Gobierno nacional solo tiene un voto. Los responsables de la ejecución son los gobernadores y alcaldes, porque las regalías son de las regiones. La nación ha cumplido con la labor de seguimiento y llega hasta el terreno preventivo de hacer alertas y suspender giros.
¿Qué resultados hay de esta tarea?
Las alertas tempranas y las visitas en campo que realiza Planeación a los proyectos permitieron, por ejemplo, un reporte en mayo de 144 proyectos que se encontraban en estado crítico, por una cuantía de 1,2 billones de pesos, donde las regiones más afectadas eran Caribe, con 58 proyectos por 802.000 millones, seguida de Llanos y Pacífico.
A junio, ya estaban normalizados 22 proyectos por 127.587 millones.
¿Qué sigue, después de identificar los elefantes?
Estos casos, en los que los recursos ya están siniestrados, le competen a la Contraloría, que debe hacer juicios de responsabilidad fiscal e ir más allá de la denuncia, hasta recuperar la plata.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
 
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